El juez Castro, la Monarquía borbónica y sus serviles redes afines
Salvador López Arnal
La Fiscalía quiere apartar al juez José Castro, el juez que tuvo el inmenso (y cada vez más admirable) coraje cívico de imputar a la infanta Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, la ejecutiva de CaixaBank [1]. “Propone que el Tribunal Superior valenciano, dominado por jueces conservadores, asuma la instrucción de la causa contra Urdangarin y todos los imputados”, es el titular de un artículo de Andrés Muñiz [2] en el que tomo pie.
Se veía venir. Los hilos del poder son los hilos del poder y sus estrategas serviles no paran de diseñar presiones y procedimientos para que todo quede en nada.
La Fiscalía no quiere que el juez prosiga con la investigación penal de los negocios del yernísimo. Anticorrupción -¡anticorrupción!- defiende que “toda la causa se traslade a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia”. ¿Por qué? Por la mayoría más-que-conservadora de la sala, “para que concluya la instrucción y eventualmente juzgue el caso”. Argumento-excusa para el caso: los hechos de Baleares no pueden enjuiciarse por separado de los de Valencia. La Sala Civil y Penal del TSJ (a quien compete enjuiciar las causas contra “aforados” en la comunidad valenciana) esta presidida por “Pilar de la Oliva (miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura) y formada por otros cuatro magistrados, tres de los cuales son también considerados de tendencia conservadora, y un quinto, Juan Climent, progresista”.
El TSJ imputaría entonces a Camps y Barberá “para investigarles por diversos delitos cometidos al contratar con Nóos las administraciones públicas que presidían”. Al mismo tiempo, este es el punto central de la estrategia, requeriría “al juez Castro la inhibición respecto de toda la causa”. Sería trasladada a Valencia por los dos aforados (que deben haber exigido garantías, acaso ya alcanzadas, de que nadie les va a tocar un pelo: no quieren ser héroes de ninguna causa borbónica), aforados que sólo “pueden ser juzgados por el alto tribunal de esa comunidad”.
Una decisión así del TSJ “podría abrir un conflicto de competencias con el juez Castro, en caso de no aceptar la inhibición”. Castro sostiene que el TSJ valenciano debe asumir la causa en lo referente a los convenios firmados con Nóos en Valencia. Pero sólo en este caso, parece razonable. Él debe mantener “la instrucción del resto de la causa (Baleares y también los presuntos donativos por 140.000 euros de Madrid 2016 a Urdangarin)”. Si no hay acuerdo (no lo habrá probablemente), la decisión final correspondería al Tribunal Supremo. Recibirá innumerables presiones (si fuera necesario claro está).
La línea de la Fiscalía, de ahí su defensa, “supondría además que la Audiencia de Palma de Mallorca no enjuiciaría a Urdangarin y al resto de imputados”. El citado tribunal sufrió en julio “un serio revés en forma de sentencia desfavorable del Tribunal Supremo, que dejó la condena de seis años de cárcel que en Palma habían impuesto al ex presidente balear Jaume Matas en sólo 9 meses de prisión que le permiten de momento eludir el ingreso en la cárcel”.
En términos generales, recuérdese, anticorrupción y el juez Castro han coincidido en las medidas e iniciativas adoptadas en la instrucción del caso. Salvo, el punto es central, “en la imputación de la infanta Cristina, que fue recurrida por el fiscal Pedro Horrach”. La Audiencia palmesana, que dio la razón a Horrach en relación a la cooperación de la infanta en los delitos de su marido por 2 a 1, “dejó abierta la puerta a una investigación a la hija menor del rey por delito fiscal, que está siendo desarrollada por Castro”.
¿Y el yerno de la primera autoridad del Estado, qué opina el yernísimo de España y V de Alemania? Don Urdangarin “coincide con el fiscal en que el juez Castro no es competente”. ¡Cómo va a ser competente! Su fiel y bien pagado defensor, y su gabinete en estado de alerta permanente, han pedido al TSJ valenciano (les mueve como es obvio su demostradísimo afán de justicia) que asuma la investigación [3]. Es exclusiva.
Para ello presentó un escrito ante la sala de lo civil y penal del TSJ en el que considera que la competencia para decidir sobre la instrucción, juicio y fallo del 'caso Nóos' correspondería a este órgano judicial. ¿En qué se basó? Paradoja de paradojas: en la exposición razonada del juez Castro, quien atribuye indicios de delito al ex presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Valencia. Un mes después, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito ante el mismo tribunal. ¿Qué pedía? Lo mismo: que asumiera toda la investigación. Consecuencia buscada: el juez Castro tendría que dejar la instrucción.
Los ediles del grupo municipal “socialista” en el Ayuntamiento de Valencia, por su parte, atribuyen a Camps y Barberá los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. Pero no es eso lo importante: se suman a la petición del juez instructor para que el TSJV asuma la competencia al considerar que existen indicios de que "han podido tener decisiva e imputable intervención" en los hechos. La duda: ¿para que el juez Castro quede fuera del caso?
El círculo se cierra: Urdangarin se va de rositas, doña Cristina es intocable (y tiene cuenta y estancia en Suiza), de su padre mejor no hablar… y el PP (sólo o en compañía), como siempre, alegre y feliz transitando por los jardines de la infamia.
El Estado, decían los clásicos, tenía en general un marcado carácter de clase. ¿Se equivocó la paloma?
Notas:
[1] Se ha señalado, por fuentes informadas, que la hija de la primera autoridad del Estado contó en su día con el apoyo del hijo de Samaranch, el franquista que está a punto de nombrar una avenida de la botiga millor del món, para su ubicación en la principal entidad financiera del país de Artur Mas
[2] http://www.publico.es/465894/la-fiscalia-quiere-apartar-al-juez-que-imputo-a-la-infanta-cristina
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes